María Fernanda Tenjo, delegada para el consumidor financiero de la Superintendencia Financiera de Colombia, analiza el tema.

Por: María Fernanda Tenjo
Delegada para el Consumidor Financiero
Superintendencia Financiera de Colombia, SFC

Los modelos de captación ilegal de recursos del público han cambiado a lo largo de los años, buscando siempre la manera de atraer a las personas con ofrecimientos fraudulentos de altas rentabilidades, valiéndose incluso de figuras comerciales que existen dentro del marco legal y que son de uso tradicional dentro de las diferentes actividades económicas del país.

En este contexto, el sector de la construcción y el mercado inmobiliario se han convertido recientemente en nuevos focos para quienes buscan quedarse de manera irregular con los recursos de las personas y familias a través de ofertas de inversión que enmascaran en figuras legales con el respaldo de supuestos proyectos de construcción de finca raíz, ubicados en zonas de alta valorización, lo que resulta un componente llamativo que atrae a interesados.

En el proceso de engaño se utilizan figuras válidas como los contratos de anticresis sobre finca raíz, préstamos con garantía hipotecaria, que en ningún caso es registrada, y asociaciones de participación en proyectos inmobiliarios con base en los cuales reciben dinero de las personas de manera masiva y habitual, sin que exista de por medio la entrega de un bien o la prestación efectiva de un servicio. Las promesas incluyen la obligación de devolución del monto inicial con un rendimiento fijo durante determinado tiempo, compromisos que en todo caso superan ampliamente el 50 % de su patrimonio, configurándose en una captación ilegal de recursos.

Este es un fenómeno que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha identificado en diferentes zonas del país y que recientemente tuvieron mayor incidencia en el departamento de Boyacá, que derivó en la adopción de ocho medidas administrativas para la suspensión inmediata de lo que constituye captación ilegal de recursos del público y la devolución de los dineros.

Estas órdenes adoptadas entre 2022 y lo que va de 2023 cobijan a siete sociedades y una persona natural ubicadas especialmente en Duitama y Sogamoso, que se identifican o adelantan actividades relacionadas con los sectores constructor e inmobiliario, y que habrían captado dineros del público sin autorización que suman cerca de $21.000 millones por concepto de supuestas inversiones amparadas en diversos esquemas. 

Estos casos ya fueron trasladados a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos de control, para que se adelanten los trámites judiciales consecuentes y las investigaciones a que haya lugar en materia penal, las cuales pueden resultar en penas privativas de la libertad de hasta 10 años, tanto para los administradores como para quienes promueven este tipo de esquemas fraudulentos.

Por esta razón, el llamado desde la Superintendencia Financiera para la ciudadanía en general y para los empresarios del gremio de la construcción, es a hacerle frente a este tipo de modalidades en las que se pone en riesgo el patrimonio de las familias y de las actividades productivas que contribuyen al dinamismo económico del país.
 

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

1. Ante la duda, absténgase de participar en esquemas de inversión que no conoce.
2. No ponga en riesgo su patrimonio y el de su familia.
3. Altas rentabilidades fijas en determinado tiempo son señales de alerta.
4. Toda inversión tiene riesgos. Pregunte cuáles son.
5. Si las explicaciones no son claras, desconfíe.
6. Denuncie ante las siguientes autoridades los esquemas que pueden ser captación ilegal:
   • Inspecciones de Policía 
   • Alcaldías locales
   • Oficinas seccionales de la Fiscalía General de la Nación 
   • Superintendencia de Sociedades 
   • Superintendencia Solidaria 
   • Superintendencia Financiera de Colombia