Puede consultar con las empresas constructoras y contratistas visitando el Directorio de la construcción a través del link www.directorioconstruccion.com y enviar las especificaciones técnicas, económicas con el fin de generar el interés por compra del lote en ofrecimiento.

Puede comunicarse con el Coordinador Técnico de la Camacol al correo electrónico eoviedo@camacol.org.co

 En materia de sostenibilidad y productividad digital (BIM), comuníquese con el Coordinador de Productividad y Sostenibilidad al correo electrónico dsierra@camacol.org.co

Lo invitamos a consultar nuestra página web http://camacol.esmartpruebas.com/ Allí encontrará documentos de interés. Tenga en cuenta que Camacol no comparte información específica sobre sus afiliados.

Conforme lo señala por el Estatuto Tributario, es pertinente realizar algunas aclaraciones sobre las normas tributarias que han regulado la materia.

En primera instancia, con la modificación realizada por Artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, respecto a lo establecido por el numeral primero del artículo 468-1 del Estatuto Tributario, derogado posteriormente por el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018, la primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes, fue gravada con una tarifa diferenciada del cinco por ciento.

Adicionalmente, “a primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26 800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá e/ tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto Tributario.

En este orden de ideas, se concluye que la única venta de inmuebles que fue gravada con IVA correspondía a la primera venta de la unidad de vivienda nueva cuyo valor superara las 26800 UVT, para la cual se estableció una tarifa del cinco por ciento.

Ahora bien, como se indicó anteriormente, la disposición transcrita (Numeral 1º Art. 468-1 E.T.), por medio de la cual se estableció la tarifa del cinco por ciento para a primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor superara las 26.800 UVT, fue derogada expresamente por el artículo 122 de la Ley 1943 de 2018.

“ARTÍCULO 122. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El artículo 70 de la presente ley regirá a partir del 1 de julio de 2019 y los demás artículos de la presente ley rigen a partir de su promulgación y deroga el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, el artículo 9o de la Ley 1753 de 2015, los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, el inciso tercero del artículo 48, el parágrafo 3 del artículo 49, 56-2, 81, 81-1, 115-2, 116, 118, el parágrafo 3 del artículo 127-1, el numeral 7 del artículo 206, 223, el parágrafo 6 del artículo 240, la referencia al numeral 7 del artículo 207-2 del parágrafo 1 del artículo 240, 258-2, 292, 292-1, 293, 293-1, 293-2, 294, 294-1, 295, 295-1, 296, 296-1, 297, 297-1, 298-3, 298-4, 298-5, el literal d) del numeral 5 del artículo 319-4, el literal d) del numeral 4 del artículo 319-6, 338, 339, 340, 341, 410, 411, 430, 446, el parágrafo primero del artículo 468, el numeral 1 del artículo 468-1 (…)”(Subraye y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, desde la expedición de la Ley 1819 de 2016, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, la primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor superara las 26.800 UVT, se encontraba  gravada con un IVA del cinco por ciento. Por lo tanto, se concluye que, a partir del 28 de diciembre de 2018, ninguna venta de inmuebles generará IVA.

Finalmente, se debe aclarar que, si bien con la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018, fue derogada lo relacionado al IVA en la primera venta de la unidad de vivienda nueva cuyo valor superara las 26800 UVT, dicha normativa, mediante el artículo 21, adiciono el artículo 512-22 al Estatuto Tributario, por el cual, se creó el Impuesto Nacional al Consumo de Bienes Inmuebles.

Así las cosas, el nuevo artículo 512-22 agregado al Estatuto Tributario establece que a partir del 1 de enero 2019 se deberá cobrar un Impuesto Nacional al Consumo –INC– del 2 % sobre la totalidad del precio de venta de bienes inmuebles, nuevos o usados, que se vendan con un precio superior a 26.800 UVT y que se destinen para cualquier uso, excepto los que estén destinados para actividades agropecuarias, para construir proyectos de vivienda de interés social, o para equipamientos colectivos de interés público social adquiridos por el Estado o por una ESAL del régimen especial.

El responsable del enunciado impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto nacional al consumo. Este, será recaudado en su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien inmueble, y presentar comprobante de pago ante el notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva.

El enunciado impuesto, cuya causación es instantánea, no podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del costo del inmueble para el comprador.

Si bien Camacol infunde entre sus afiliados los valores corporativos que caracterizan al gremio y realiza un constante monitoreo a la actividad de la construcción; dada su naturaleza jurídica y su objeto social, carece de competencia de inspección, vigilancia y control, tanto de índole judicial o administrativa, que le permitan investigar y tomar medidas en contra de las empresas del sector, ya sean afiliadas o no afiliadas. De esta manera, cabe resaltarse que la competencia para inspección, vigilancia y control fue otorgada por la Ley a las Alcaldías Municipales o Distritales y los inspectores de policía según lo determinado en la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, los cuales podrán ejercer control urbano en las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda; régimen de propiedad horizontal; el otorgamiento de permisos para el desarrollo de planes y programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucción y el control de las actividades de arrendamiento e intermediación de vivienda. Ahora bien, existen otras instancias como las Superintendencias Financiera, en relación con esquemas fiduciarios, y de Industria y Comercio, en relación con protección al consumidor, quienes podrán dar curso a sus reclamaciones, las cuales deben contar con el respectivo sustento probatorio.

Se aclara que el contenido de esta respuesta es meramente indicativo y no compromete la responsabilidad de la Cámara Colombiana de la Construcción.

La reglamentación en la que se encuentra todo lo relacionado con los aportes FIC son las siguientes:

DECRETO 2375 DEL 31 DE OCTUBRE DE 1974 “Por el cual se dictan medidas destinadas a combatir el desempleo”. Artículo 6.

DECRETO No. 083 DEL 20 DE ENERO DE 1976 “Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley No. 2375 de 1974 y parcialmente el parágrafo del Artículo 55o. del Decreto 2053 de 1974”. Artículo del 4 al 13.

RESOLUCION 2370 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 (Diario Oficial No. 47.099 de 1 de septiembre de 2008 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA “Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC”.

En primer lugar, se recuerda que la reglamentación en materia de liquidación de esta contribución se encuentra en la Resolución Sena 1449 de 2012, por lo cual se sugiere consultarla.

Adicionalmente, sobre el procedimiento de fiscalización el cual se encuentra en cabeza de las direcciones territoriales del Sena, se sugiere que se consulte directamente con ellos las dudas que se tengan sobre el mismo.

A manera general se aclara que, conforme a la Resolución mencionada, existen dos maneras de liquidarlo:

Con base en el número de trabajadores, es decir un salario mínimo por cada 40 trabajadores que laboren en las obras bajo su responsabilidad. Esto se pagará de manera mensual.

De manera presuntiva, pagando el 0.25% del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas. Esta se pagará al más tardar al finalizar la obra.

El Fondo de la Industria de la Construcción, FIC, se creó a través del Decreto 2375 de 1974, con el propósito de exonerar a la industria de la construcción de la obligación de contratar aprendices Sena.

De esta manera, la contribución realizada por el constructor es considerada una contribución parafiscal que debe estar a cargo, ya sea la constructora o el contratista dependiendo el caso.

El Artículo 7 del Decreto 83 de 1983 define quiénes son las personas dedicadas a la industria de la construcción:

“ARTICULO 7o. Entiéndese por personas dedicadas a la industria de la construcción para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construcción de casas o edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecación, riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras”. (Subrayado fuera del texto)

De lo anterior, se deduce que los responsables del pago del FIC son los empleadores de la industria de la construcción, propietarios, contratistas o subcontratistas de las obras, bien sea que las realicen de forma permanente u ocasional y ejecutando las actividades nombradas en el en el Artículo 7 de la nombrada Ley o efectúe reparaciones o mantenimiento de las mismas. Por lo anterior, se entiende que quienes realicen una actividad que no esté relacionada con la construcción no tienen la obligación de efectuar dicho aporte.

En este sentido, se podría inferir que la industria manufacturera (carpintera en madera) la cual es objeto de su consulta, no estaría en la obligación de pagar el FIC, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas anteriormente.