El marco institucional creado en Colombia le apuesta a alinear y cumplir acciones contra el cambio climático. 

Desde los principales acuerdos mundiales en materia de cambio climático tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, se ha reconocido la importancia que tienen los flujos de financiación para incidir en la toma de decisiones de los actores económicos, tanto para la mitigación o reducción de las emisiones contaminantes como para la adaptación a los efectos que ya se están percibiendo. 

El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad, por lo tanto, los países firmantes del Acuerdo de París, entre ellos Colombia, se comprometieron a adoptar acciones para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C y alcanzar la carbono neutralidad a 2050. El marco institucional creado en nuestro país para alinearse y cumplir con estos dos grandes objetivos está conformado por la Segunda Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050). La NDC tiene particular relevancia debido a que en ella se asumió el compromiso de reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 2030; además, se identificaron los seis sectores y actividades económicas donde debe concentrarse la acción climática (transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) y se definieron los medios de implementación de las acciones planteadas. 

El financiamiento, uno de los más importantes medios de implementación, es un frente en el cual Colombia ha avanzado durante los últimos años. Es así como en 2017 se elaboró la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) que fue actualizada recientemente. El documento contiene la ruta para la movilización de recursos públicos y privados, locales y extranjeros, hacia la acción climática. 

La ENFC se soporta en tres grandes pilares institucionales: el sistema MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación) que hace seguimiento al origen y destino de los flujos de financiación dirigidos a acciones de mitigación y/o adaptación; la Taxonomía Verde, que identifica y clasifica las actividades económicas según el nivel de contribución al logro de objetivos ambientales; y la Estrategia para el Enverdecimiento del Sistema Financiero, cuyo propósito es promover entre las entidades financieras colombianas la gestión de los riesgos y oportunidades asociados con los asuntos ambientales.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el logro de sus objetivos en mitigación y adaptación al cambio climático, Colombia debería destinar anualmente al menos el equivalente a 1,2 % del PIB; sin embargo, las mediciones oficiales muestran que el promedio de inversión anual no ha superado el 0,2 %. De los 24,3 billones de pesos que entre 2011 y 2021 se movilizaron para la acción climática, el 42 % se destinó a adaptación, el 25 % a mitigación, y el restante a acciones conjuntas de mitigación y adaptación. Los recursos públicos (Presupuesto General de la Nación, presupuestos de los entes territoriales y regalías) son la principal fuente de financiación y aportaron el 72 % del total, seguidos por la cooperación internacional con un 19 % y los recursos privados con un 9 %.

La banca ha sido uno de los principales movilizadores de recursos para la acción climática. Según Asobancaria, al finalizar 2021 el saldo total de la cartera de las entidades financieras con los sectores priorizados en la Taxonomía Verde ascendió a 13,3 billones de pesos. Los sectores con mayores saldos de cartera son transporte (4,7 billones de pesos), construcción (3,7 billones de pesos) y energía (1,8 billones de pesos), y en ellos se concentra el 77 % del total. Las cifras de Asobancaria también muestran que todos los sectores priorizados por la Taxonomía Verde están siendo atendidos y cuentan con propuestas de valor de al menos tres entidades financieras.

Aunque modestas, las cifras de movilización de recursos para la acción climática en Colombia evidencian que los actores clave están alineándose con una nueva escala de valores ambientales, sociales y de gobernanza, cuya aplicación será decisiva para lograr cambios en los criterios de decisión de los tomadores de recursos. Si bien en la actualidad la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza es visto por muchos como un factor de diferenciación, lo deseable es que en el menor tiempo posible se convierta en la norma general de conducta.

Recuadro 1: 

El Fondo Verde para el Clima (GCF) y su contribución al financiamiento de la acción climática

Una de las entidades dedicadas al financiamiento climático es el Fondo Verde del Clima o GCF, por sus siglas en inglés, que canaliza recursos de países desarrollados para invertirlos en aquellos en vía de desarrollo y convertir las ambiciones plasmadas en sus NDC en acciones concretas de mitigación o adaptación al cambio climático.

“El GCF puede estructurar su apoyo financiero a través de una combinación flexible de donaciones, deuda concesionaria, garantías o instrumentos de capital para aprovechar la financiación combinada y la inversión privada para la acción climática en los países en desarrollo. Esta flexibilidad permite al fondo poner a prueba nuevas estructuras financieras para apoyar la creación de mercados ecológicos”, comentó Jessica Jacobs, quien hasta 2021 se desempeñó como gerente para América Latina del GCF.

Existen otras entidades como bancos comerciales internacionales y nacionales, instituciones financieras de desarrollo, multilaterales, regionales y nacionales, instituciones de fondos de capital, etc., que se suman a la tendencia de canalizar recursos para el financiamiento climático, de hecho, un estudio titulado Global Landscape of Climate Finance 2021, realizado por Climate Policy Initiative, indica que los actores privados proveen el 49 % del total de la financiación climática.

“Movilizar los flujos financieros del sector privado hacia oportunidades de inversión climáticamente inteligentes, atractivas y rentables es relevante para alcanzar los compromisos globales adquiridos”, enfatizó Jacobs.