• La ciudad necesita un POT que defina el acceso a la vivienda como una prioridad y atienda la realidad del volumen de construcción formal que demandan los nuevos hogares.
• Establecer áreas mínimas y configuración de espacios para la vivienda de los bogotanos, desconoce la realidad sociodemográfica, limita la oferta de vivienda formal e interviene la libre elección de las familias.

Bogotá. 12 de noviembre de 2021.

Camacol advierte con enorme preocupación y califica como un retroceso en el acceso a la vivienda de los hogares de la ciudad, lo dispuesto en el Artículo 384 del proyecto de Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá, en el cual se definen áreas mínimas, se intervienen la configuración de espacios arquitectónicos y espaciales, y se establecen estándares y metros cuadrados mínimos por habitación, en las viviendas nuevas que se construyan en la ciudad.

Según los dispuesto en el mencionado artículo, solo se podrán construir de manera formal viviendas con áreas superiores a los 36m², y de 42m² para el caso de la Vivienda de Interés Social. A esto se suman una serie de disposiciones obligatorias sobre el diseño y la distribución de espacios con los cuales debe cumplir cada nueva vivienda que se construya en la ciudad.

De acuerdo con la presidenta Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “esta serie de intervenciones propuestas en el POT, lo único que lograrán será reducir de manera crítica la oferta formal de vivienda nueva en la ciudad, desconociendo además características socio- demográficas fundamentales como la reducción del tamaño promedio de los hogares y la creciente participación de hogares unipersonales y biparentales sin hijos, que hoy representan el 22% y 23% del total de hogares de la ciudad, respectivamente.  Estos hogares tienen, además, por principio constitucional, el derecho de acceder a una vivienda formal y a recibir los beneficios de la política de vivienda social del Estado”.

La ciudad de Bogotá demandará 1,067.525 nuevas viviendas en los próximos 12 años, de acuerdo con las proyecciones poblacionales, la formación de hogares y el déficit habitacional cuantitativo existente. Esa realidad supone que el POT debe contemplar el suelo urbanizable y todas las condiciones urbanísticas para que se pueda garantizar la oferta suficiente de proyectos y, con la política de subsidios del Gobierno Nacional, hacer que los hogares de menores ingresos de la ciudad accedan a una vivienda formal.

“El POT no puede ser un canal de segregación y exclusión social limitando la oferta de vivienda formal, y mucho menos, un vehículo para incentivar la informalidad urbana y la creación de asentamientos irregulares; por el contrario, debe ser un instrumento que fortalezca el modelo de acceso a la vivienda y contribuya a garantizar la oferta de vivienda formal para todos los hogares”, agregó la dirigente Gremial.